El Gobierno va a cambiar la ley para elevar de 14 a 16 años la edad mínima para que un menor se pueda abrir una cuenta en redes sociales sin el consentimiento de sus padres. También contemplará expresamente una orden de alejamiento online de los agresores condenados; castigará con entre uno y dos años de cárcel a quienes utilicen la inteligencia artificial para crear imágenes con contenido sexual, como ocurrió con los adolescentes de Almendralejo, y se prohibirá que los menores de 18 años puedan acceder a mecanismos aleatorios de recompensa, las llamadas cajas botín que permiten comprar vidas dentro de los videojuegos, por el contenido adictivo que generan.
Son algunas de las medidas contempladas en el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los Menores en los Entornos Digitales que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta. El Gobierno quiere dejarla lista en segunda vuelta para después de verano tras someterla a consulta del Consejo de Estado y otros órganos consultivos.
La norma ha sido impulsada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pero ésta no ha comparecido para explicarla en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sí ha salido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha expresado que el entorno digital es "un espacio vital" para los niños y adolescentes pero "a nadie se le escapan sus riesgos", como "los contenidos inapropiados, el ciberacoso o la adicción a las pantallas".
"Está en juego la salud y el bienestar de los niños y adolescentes. Tenemos que poner coto desde este instrumento legislativo", ha dicho, recordando que los niños acceden a su primer móvil a los 11 años y que el 98% de los adolescentes tienen algún tipo de interacción en las redes sociales.
La medida más importante es la que sube de 14 a 16 años la edad mínima para el tratamiento de los datos personales de los menores, lo que implica además que no podrán abrirse una cuenta en Instagram, TikTok o Facebook hasta los 16 años. Supone modificar la Ley de Protección de Datos Personales, que ahora dice en su artículo 7 que "el tratamiento de los datos personales de un menor únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 14 años" y que, por debajo de esa edad, el padre, la madre o tutor tendrá que autorizarlo.
Al elevarse a 16 años este umbral para el tratamiento de los datos, se sube a la vez la edad legal para abrirse una cuenta sin permiso paterno, explican fuentes del sector. Eso significa que los menores de 16 años podrán registrarse igualmente por debajo de esa edad pero sus padres tendrán que dar autorización.
Actualmente las redes tienen sus propios requisitos. Por ejemplo, la edad mínima para Facebook y TikTok es 13 años pero se funciona con autorregulación; es decir, nadie verifica que el menor tiene efectivamente esa edad y no hace trampas para entrar. La medida ahora aprobada, que había sido reclamada al Gobierno por la Agencia Española de Protección de Datos y acordada por unanimidad en el grupo de salud digital para menores creada por este organismo, pone a España en sintonía "con la edad mayoritaria" en 10 países de la UE.
Se necesita la verificación de la edad
Las mismas fuentes añaden que será una de las medidas más eficaces si se vincula con el mecanismo de verificación de edad que está preparando Protección de Datos con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, por el que se obligará a menores que quieran entrar en estas redes sociales a acreditar mediante un documento identificativo que efectivamente tienen la edad que aseguran.
Este mecanismo estaba pensado para vigilar el acceso de menores a páginas p*rnográficas, pero también actuará para la entrada en las redes sociales, porque ahora se hace un control muy endeble. "Lo de ahora no tiene ninguna eficacia porque se limita a preguntar al menor si es mayor de edad y accede con un simple sí", ha dicho Bolaños.
La herramienta de verificación de edad servirá igualmente para garantizar que se cumpla otra medida relevante: la prohibición del acceso a menores de 18 años de los mecanismos aleatorios de recompensa, las llamadas cajas botín o loot boxes por las que el usuario paga dinero para adquirir cofres o sobres que incluyen armas o refuerzos que permiten al usuario pasar de pantalla o ganar más puntos en los videojuegos. El mecanismo psicológico es peligroso por similar al de las tragaperras y acaba obligando a los menores a invertir más dinero.
El alejamiento 'online'
La ley incluye otras medidas que implican reformar un buen número de artículos del Código Penal. Por ejemplo, para contemplar en la legislación "el alejamiento online de los agresores condenados"", en palabras de Bolaños. Hasta ahora, en la norma la pena estaba circunscrita a un alejamiento físico, pero ahora se incluye también el entorno virtual, prohibiendo a cualquier topo de agresor (también los que hayan cometido delitos de violencia de género) el acceso a redes sociales o foros para comunicarse con su víctima.
Se tipifica, asimismo, el delito de ultrafalsificación, que se conoce con el nombre de deep fakes. Se trata, según Bolaño, de "difusiones que sin consentimiento del afectado generan imágenes o audios que pueden parecer reales pero están creadas por inteligencia artificial o tecnología donde se simulan situaciones de contenido sexual o también gravemente vejatorias para una persona". Es el caso de los adolescentes de Almendralejo (Badajoz) que difundieron un montaje fotográfico realizado con IA de una treintena de compañeras desnudas.
La difusión de estas imágenes o voces manipuladas tecnológicamente llevarán acarreada una pena de prisión de entre uno y dos años, según el nuevo redactado del Código Penal. Bolaños también ha dicho que se tipificará el delito de difusión de material p*rnográfico a menores, "evitando conductas que hoy quedan impunes".
El ministro de Presidencia y Justicia ha explicado que se quiere dar "un enfoque integral" en el que se va a colaborar con las empresas tecnológicas. Los fabricantes de móviles, tabletas, portátiles o televisiones inteligentes deberán llevar de fábrica controles parentales gratuitos y las plataformas tecnológicas deberán etiquetar los contenidos audiovisuales para informar a los menores de los riesgos, como había hace décadas con el sistema de los dos rombos en los programas de televisión. Además, las webs de intercambios de vídeos estarán obligadas a tener un sistema de control parental y un enlace directo a un canal de denuncia.
Entre otras cosas, se promoverá la investigación del uso de las redes sociales y los efectos del consumo del uso del p*rno en edades tempranas. El Gobierno también va a "obligar" a los poderes públicos a hacer campañas de sensibilización destinadas a las familias sobre los riesgos asociados al entorno digital y de los derechos de los menores. E impulsará los llamados "espacios de encuentro" donde los menores puedan realizar actividades lúdicas y de ocio saludable donde no necesiten pantallas.
Centros para adicciones
La norma incluye además un paquete de medidas sanitarias y educativas. El Gobierno quiere dar formación a los menores desde Primaria en el buen uso de las redes sociales y en la alfabetización mediática, de tal modo que puedan reconocer las fake news, y promoverá que los pediatras pregunten a los padres por el uso que hacen del móvil sus hijos. También va a crear una red de centros de prevención en adicciones digitales, que, según Bolaños, "está comprobado que cada vez son más frecuentes".
La ley va a ir acompañada de una Estrategia Nacional de Protección de los Menores en Entornos Digitales, así como de un diagnóstico de la situación actual que ha coordinado el Ministerio de Rego. Esta estrategia se aprobará a la vuelta del verano, según ha anunciado Bolaños, y se revisará cada tres años.
